24 de octubre de 2014

JSE pide al Gobierno una Ley para paliar la pobreza energética que sufren más de 7 millones de españoles

Los y las jóvenes socialistas exigen al Gobierno del PP que deje de mirar hacia otro lado con la pobreza energética y actúe de forma contundente. “La tasa de familias que destinan más del 10% de su renta a la luz y el gas alcanza el 16,6%, esto es un dato insostenible” denuncian

 

Juventudes Socialistas de España denuncia que, como consecuencia de la crisis y la mala gestión del Gobierno en política energética, multitud de hogares son incapaces de costear la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas básicas, lo que se conoce como pobreza energética.

Según el Secretario General, Nino Torre, “siete millones de españoles  tienen serias dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia pueden permitirse y cuáles no”. “Consideramos esta situación indigna y creemos que el Gobierno debe dar una respuesta contundente a la ciudadanía al respecto” -subrayó.

Para Torre “las consecuencias de la pobreza energética sobre el bienestar de las personas afectan a su salud física y mental. Según el INE, el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, lo que supone un riesgo especial para niños, ancianos y enfermos”. “No se puede consentir -añade-, que en pleno siglo XXI en España millones de personas pasen por situaciones como el riesgo de endeudamiento y desconexión del  suministro”.

Nino Torre sentencia, “Frente a este grave problema existen dos formas de actuar, una es mirar para otro lado y la otra es plantear una solución que remedie estas situaciones dramáticas que sufren los ciudadanos. El Gobierno del PP ha optado por la primera opción, pero los jóvenes socialistas exigimos soluciones”.

“El Gobierno de España debe mejorar la legislación vigente para proteger a los consumidores en el riesgo de pobreza energética. Deben elaborar una Ley que proteja a los consumidores y garantice el suministro de energía como un derecho social básico. Los y las consumidores más vulnerables deben poder acceder a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado y, lo que es más importante, que no haya cortes de suministro en invierno, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de fondos públicos” concluyó el Secretario General.

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